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El hípercrecimiento del Estado venezolano y la permanente ampliación de las potestades reguladoras, contraloras y de intervención de los entes y órganos públicos respecto de los particulares y su actividad personal, profesional, comercial o industrial, se ha gestado a través de la producción de incontable normativa y procedimientos, que en mucho de los casos generan actos administrativos que vulneran o lesionan los intereses y derechos legítimos de los particulares (personas naturales o jurídicas), haciendo necesario acudir a la llamada “jurisdicción contencioso administrativa”, para la resolución de los conflictos surgidos por la actividad de los entes u órganos públicos. Con sustento en la normativa que regula este tipo de pretensiones (Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y las distintas normas que regulan los procedimientos administrativos en diversas materias, tales como inquilinato, aeronáutica civil, laboral, etc.), ofrecemos los servicios de asistencia y representación para el ejercicio de los recursos pertinentes en sede administrativa (reconsideración, jerárquico, de auto tutela, procedimientos disciplinarios o sancionatorios, etc.), y/o para el ejercicio de las acciones judiciales a que haya lugar (nulidad de actos administrativos de carácter general o particular, querellas funcionariales, demandas de contenido patrimonial, controversias administrativas, reclamos por prestación de servicios públicos, vías de hecho, abstenciones, amparos constitucionales, etc.), para lo cual, nuestros profesionales cuentan con la debida formación académica de especialización, y notoria experiencia en las diferentes ramas del Derecho Público, incluida la materia tributaria. |
